Cada 23 de abril, el mundo celebra el Día Internacional del Libro con ferias, homenajes a autores y discursos grandilocuentes sobre la importancia de la lectura. Pero en el Perú, esta fecha no es más que una burla. Aquí, los libros son artículos de lujo, la educación privada el mejor de los negocios, y la cultura escrita, un privilegio al que muy pocos acceden. Las cifras lo confirman: según el INEI (2022), el peruano promedio lee 1.8 libros al año, una miseria intelectual que nos condena al atraso. Peor aún, 1.5 millones de peruanos son analfabetos, la mayoría mujeres pobres, indígenas y rurales, abandonadas por un Estado que las considera ciudadanas de segunda clase. Este no es un problema de voluntad individual, sino de un sistema podrido que perpetúa la ignorancia como herramienta de control.
El bajo índice de lectura no es casualidad; es el resultado de décadas de abandono estatal. No hay bibliotecas públicas dignas, no hay formación docente de calidad, no hay políticas serias que incentiven la lectura desde la primera infancia. Mientras en países como Colombia o Chile existen planes nacionales de lectura con metas claras, en el Perú los gobiernos se limitan a inaugurar ferias librescas llenas de bestsellers comerciales, mientras las escuelas rurales ni siquiera tienen textos actualizados.
Pero el problema va más allá de la infraestructura: es un asunto de desigualdad brutal. En Lima, unos pocos pueden comprar libros a precios exorbitantes en grandes cadenas; en las regiones más pobres, un ejemplar usado es un tesoro. ¿Cómo exigirle a un niño que lea si su familia no tiene para comer? ¿Cómo pretender que una madre analfabeta fomente la lectura en sus hijos si el Estado nunca le enseñó a escribir su propio nombre? La lectura, en este contexto, no es un hábito, es un privilegio de clase.
Los gobiernos de turno, en lugar de solucionar el problema, lo profundizan. La clase política peruana —esa mezcla de mediocridad y ambición— ha convertido la educación en un botín electoral. Prometen bibliotecas y terminan construyendo elefantes blancos; anuncian campañas de alfabetización que nunca llegan a las comunidades más necesitadas; firman convenios internacionales que jamás se cumplen. Mientras tanto, el presupuesto para cultura y educación se recorta año tras año, porque para estos gobernantes, un pueblo educado es un pueblo peligroso.
¿Dónde están los proyectos de ley que prioricen la lectura en las escuelas? ¿Dónde están las campañas masivas de donación de libros? ¿Dónde está el Ministerio de Educación, más ocupado en cambiar currículas por capricho ideológico que en garantizar que los niños entiendan lo que leen? La respuesta es clara: a la clase política no le interesa un país lector. Prefieren mantener a la población entretenida con redes sociales basura, programas de farándula y noticias sensacionalistas. Un pueblo que no lee es un pueblo fácil de manipular.
En un país donde el sistema está diseñado para que la mayoría no piense, leer se convierte en un acto de rebeldía. Quienes lo hacen a pesar de todo —los jóvenes que devoran libros fotocopiados, las madres que aprenden a leer a los 40, los profesores que enseñan bajo techos de calamina— son héroes anónimos en una guerra silenciosa contra la ignorancia. Pero no debería ser así. La lectura no debería ser una hazaña, sino un derecho básico, como el agua o la electricidad.
Este 23 de abril, en lugar de discursos vacíos, debería ser un día de denuncia y exigencia. Demandamos un plan nacional de lectura con metas reales, bibliotecas en cada distrito, formación docente con salarios dignos, y sobre todo, un Estado que deje de tratar a los libros como artículos decorativos y los reconozca como herramientas de liberación. Porque mientras el Perú siga sin leer, seguirá repitiendo los mismos errores, eligiendo a los mismos corruptos y creyendo las mismas mentiras.
Un país sin libros es un país sin futuro. Y el Perú, hoy, está al borde del abismo.
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